Desde FeS-UGT se observa cómo se está asistiendo a una sistemática privatización de todos los espacios que hasta hoy han pertenecido a lo universal y público, afectando a todos los servicios que atienden a aspectos tan importantes como la salud, educación, etc. La prevención de riesgos laborales pertenece a ése espacio e incide de manera significativa en la salud pública, ya que una mala aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la empresa implica la manifestación del accidente de trabajo y consecuentemente requiere de una asistencia sanitaria efectuada por las Mutuas de accidentes de trabajo, entidades sin ánimo de lucro gestoras de fondos públicos, colaboradoras de la Seguridad Social.
Es fácil analizar y determinar la relación, más allá de números, ya que existe una interconexión de las entidades que desarrollan sus servicios de forma privada y con ánimo de lucro como Servicio de Prevención Ajenos y el sistema público de salud, ya que una buena prestación de éste implica una reducción de casos del área asistencial. Desde el año 2006 estas entidades tuvieron que segregarse de sus Mutuas de procedencia dadas las continuas presiones emitidas desde los pequeños servicios de prevención que operaban en el ámbito nacional, todo ello, en alusión a una competencia desleal, argumentada desde el uso de los medios técnicos y humanos de las Mutuas.
Este fue el primer error, pero los errores se suceden de manera continuada, el error fundamental es ubicar la actividad desde el ámbito privado, e inocentemente esperar su autorregulación. Privatizar una actividad que impacta directamente en la asistencia sanitaria en proporción directa al número de accidentes ocurridos es, a priori, acotar la actividad preventiva de sus profesionales e insertar criterios estratégicos-comerciales, es decir, dar prioridad a criterios de contratos sobre los establecidos en la LPRL y sus desarrollos reglamentarios, en definitiva, implica limitar al prevencioncita a los arbitrios de la rentabilidad de los contratos, posponer la prevención y anteponer lo rentable empresarialmente, éste planteamiento convive con un concepto de autorregulación de mercado, paradigma sujeto a los protagonistas de hoy, situación que en más de cuatro años no ha salido bien, el mercado no es lo suficientemente maduro y responsable…
En estos momentos y desde hace más de un año, se está negociando el II convenio sectorial de los servicios de prevención, donde los acuerdos están lejos de materializarse, las organizaciones empresariales ASPA, ASPREM y ANEPA apuntan en su empeño de no tener un marco regulador de la prevención (aunque en sus comunicados trasmitan lo contrario), o cuanto menos diseñar un marco legal precario, eliminando así todo lo conseguido hasta la fecha (aplicación de congelación y reducción salarial). Esta posición es tremendamente negativa y temeraria, estamos frente a la mayor agresión a la confianza en las relaciones laborales de la historia de éste sector, al margen de la oscura argucia urdida planteando chantaje a la libertad de negociación. Con este panorama el sector está en un presente donde la competencia por sobrevivir se canibaliza, sin reglas, sin regulación de criterios mínimos, todo vale con el objetivo de conseguir clientes... Esta inexistencia en establecer unos criterios mínimos de precio donde las empresas no puedan ni deban entrar en competencia ofrece al mercado de la prevención la necesidad de establecer estrategias empresariales orientadas a precio, desviando la esencia de la prevención, implantando criterios de optimización de recursos y por tanto relevando a un segundo plano la calidad que debe ofrecer los servicios de prevención. Lo eficiente y justo sería crear un entorno donde todos los operadores puedan jugar con las mismas reglas.
Este inmovilismo en la negociación por parte de dichas Patronales es especialmente sangrante, porque se trata de empresas que presumen orgullosas de trabajar por unas mejores condiciones de trabajo en cuanto a salud laboral de los trabajadores y hacen gala de ello ante el Ministerio de Empleo.
La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) no está reivindicando mejoras alejadas de la realidad que vivimos pero queremos defender con firmeza nuestro Convenio Colectivo Sectorial para que sirva de marco homogeneizador de las Relaciones Laborales. No tener Convenio Sectorial supondrá claramente destruir los derechos de los trabajadores. Desde el Sindicato no compartimos la visión de que “el negocio es el negocio”, donde lo único que se pretende es sacar más y más beneficios sin atender a las relaciones laborales.
Desde FeS-UGT valoramos muy negativamente el alejamiento de las patronales. Si lo que pretenden estas empresas de los Servicios de Prevención Ajenos (S.P.A.) en nuestro país con esta actitud es meternos en un “bucle” o “día de la marmota”, deberán atenerse a las consecuencias de generar inestabilidad en las relaciones sociales y laborales, así como un grave deterioro en la calidad de la Prevención.