La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) considera que el artículo 36.26 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana lesiona gravemente el derecho constitucional a la información que tienen los ciudadanos de este país y podría impedir el ejercicio del periodismo, tanto a fotógrafos como a periodistas.
Por todo ello, la AGP-UGT pide al Gobierno que retire este articulado en el trámite parlamentario del Senado.
El artículo 36.26 manifiesta, de forma literal, que “el uso no determinado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información”. Desde nuestro punto de vista, esta infracción se complementa con la posibilidad que se les permite a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de aprehender “efectos procedentes de un delito o infracción administrativa”, lo que supondría la aprehensión preventiva de instrumentos de captación de imágenes.
Desde la AGP-UGT entendemos que la captación de imágenes sobre actuaciones policiales encuentra su amparo en el derecho fundamental a la información que tienen los periodistas y fotógrafos a informar a la sociedad de los acontecimientos de carácter informativos que éstos consideren oportunos en el libre ejercicio de la profesión periodística y, además, podría proteger a los ciudadanos frente a posibles conductas desproporcionadas y arbitrarias de carácter policial.