La certeza de los datos pone en evidencia los falsos estereotipos creados deliberadamente por los empresarios neoliberales, denigrando a los trabajadores de baja por enfermedad.
Durante años los empresarios y sus medios de comunicación afines, han desplegado toda una campaña mediática para criminalizar a los trabajadores de baja por enfermedad, según ellos la mayoría engañan en la dolencia declarada o en su duración.
Estas falsas “verdades” sirvieron de coartada perfecta para justificar la modificación de la normativa laboral sobre absentismo, para endurecer las sanciones y facilitar los despidos a través de la Reforma Laboral.
Pero el Tribunal de Cuentas, en un reciente informe sobre la gestión y el control de la Incapacidad Temporal (IT) ha puesto de manifiesto, por un lado, la falta de control y la ineficacia en el gasto público, tanto de la Administración del Estado, como de las Mutuas de Accidentes y otras Entidades Gestoras y por otro lado, el abuso constante de los empresarios en la gestión de las deducciones del pago delegado.
El informe deja claro algunos aspectos:
- La gestión de la IT que realizan las empresas colaboradoras voluntarias es ineficiente y sin control, siendo las únicas que han aumentado el gasto por I.T.
- Pone en duda la actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), que no olvidemos son asociaciones de empresarios, que a la hora de validar los procesos de IT solo utilizan los partes médicos de las empresas, este método tiene una alta probabilidad de generar fraudes como así se ha demostrado.
- La mayoría de los procesos de IT se califican, por defecto, como contingencia común aunque buena parte de ellos deberían haberse calificado como contingencias profesionales, con el consiguiente perjuicio para el trabajador, que recibe unas prestaciones inferiores.
- El informe resalta también que en los procesos de recaída, generalmente en los procesos iniciados como contingencias profesionales acaban siendo calificados como contingencia común, por la falta de un control efectivo que deberían de ejercer los Servicios Públicos de Salud sobre la actividad de las Mutuas.
En resumen, del informe del Tribunal de Cuentas, se deduce claramente que las mayores ineficiencias, el exceso de gasto y los fraudes provienen de la mala gestión de los organismos gestores de la Seguridad Social como el INSS o entidades colaboradoras como las Mutuas y no de los trabajadores, a los que se ha querido criminalizar por el solo hecho de estar enfermos. Pero mucho nos tememos, que en lugar de que este informe sirva para rectificar errores, las propuestas incluidas por el Gobierno en la Reforma de la Ley de Mutuas, dando más poder a las mismas en el control de la I.T., van a profundizar en los mismos hechos que ahora se denuncian.