La actual crisis económica está aumentando considerablemente la desigualdad y la discriminación hacia las personas migrantes, que al igual que el resto, también están sufriendo un retroceso dramático en sus derechos laborales y sociales.
Las últimas medidas de ajuste tomadas por el Gobierno vulneran de forma reiterada varios de los Derechos Fundamentales de las personas migrantes como son el derecho a la vivienda, a la educación y a la sanidad.
La reforma sanitaria ha implicado la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, permitiéndoles únicamente el acceso a las urgencias, maternidad y atención infantil.
Los cambios en la Ley de Extranjería complican aún más las reagrupaciones familiares.
Los recortes ejecutados en la Ley de Dependencia van a dejar en el paro a cientos de personas, siendo la mayoría de ellas mujeres migrantes.
Con los nuevos PGE, el Fondo para la Integración de los Inmigrantes se ha quedado sin recursos, a pesar de ser este Fondo el que financiaba los planes para la inserción social, laboral y educativa de este colectivo.
España se ha equivocado acatando las políticas de ajuste europeas que están siendo un total fracaso también respecto a la gestión de la migración. Es necesario un cambio en las líneas políticas del Gobierno que anteponga el interés en las personas por encima del interés en los bancos.
Nacionales o extranjeros, todos somos personas que no estamos de acuerdo con la Reforma Laboral del Partido Popular ni con sus Presupuestos Generales del Estado.
Ningún ser humano es ilegal. Sus derechos sociales y laborales deben estar garantizados, se encuentre o no en su país de origen.