El sector de seguridad privada tiene como uno de los principales clientes de su actividad a las diversas administraciones públicas que, a través de concursos públicos de adjudicación de servicios de seguridad, emplean a gran parte de las plantillas de personal de vigilantes de seguridad. Estos trabajadores deben obtener habilitaciones concedidas por el ministerio de interior y su labor es imprescindible para el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad de estas administraciones.
De un tiempo a esta parte, hemos podido comprobar cómo las licitaciones de servicios vienen siendo sistemáticamente reducidas, de forma que parte del empleo del sector se resiente, y con él, la seguridad asignada por los concursos. En muchos casos, la reducción de puestos de trabajo viene acompañada de sustitución de estos trabajadores por personal auxiliar, no habilitado, que realizan las funciones asignadas en exclusiva a vigilantes de seguridad en peores condiciones salariales y laborales.
La reducción en la dotación económica de las licitaciones, hace que, en muchas ocasiones, estas estén convertidas en una subasta más que un concurso público, finalizando en adjudicaciones que terminan resultando muy por debajo del coste real del servicio. Esto convierte a la administración en la principal responsable del florecimiento de empresas que no cumplen sus obligaciones laborales y salariales con los trabajadores que trabajan para dicha administración, fomentado, por tanto, una precarización del empleo y alentando al incumplimiento de las normas laborales básicas.
Un ejemplo de asignación con una absoluta falta de interés y control es el expediente 100309001600 del Ministerio de Defensa, que termina siendo adjudicado a la empresa ESABE Vigilancia S.A., que tiene notificaciones de embargo de cuentas corrientes en el Tablón de edictos y anuncios de la Seguridad Social (TEASS) por impago de cotizaciones sociales.
Las empresas adjudicatarias deben cumplir las obligaciones y deberes establecidos en la normativa vigente sobre convenios colectivos, seguridad social o riesgos laborales, y acreditar fehacientemente que sus plantillas se encuentran al corriente de pago de las cotizaciones y demás obligaciones exigibles, y es totalmente inadmisible que desde las administraciones responsables de la adjudicación entreguen los servicios a empresas con irregularidades manifiestas, fraudes continuados y por precios muy por debajo de los propios costes laborales.