El PP de la Comunidad Valenciana ha decidido dejar en el paro a los 1600 trabajadores de RTVV y en una situación desesperada a otros 4500 que trabajan en el sector audiovisual, además de privar a los valencianos del único medio de comunicación en su lengua autóctona y cooficial. Todo ello como venganza ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo el ERE perpetrado el pasado año y obliga a la readmisión de los 956 despedidos por atentado contra sus derechos fundamentales.
El cierre de la radiotelevisión pública valenciana se produce a pesar de la unanimidad de los sindicatos presentes en el Comité de Empresa, con la UGT al frente, que han ofrecido a la Generalitat Valenciana un plan de viabilidad que garantiza el funcionamiento durante dos años de RTVV por el importe consignado en el contrato-programa. Un importe inferior, por cierto, al coste del propio cierre.
La UGT considera, por lo tanto, que se trata de una decisión política en la peor de las acepciones de la palabra, que sólo busca evitar que salga a la luz el destino de los 1.200 millones de euros desaparecidos en RTVV durante los 18 años de gobierno del PP y, también, silenciar un medio público que había dejado de servirle como altavoz. Se trata de una decisión absurda y cruel que desprecia el sacrificio salarial ofrecido por los trabajadores, condena a la desaparición a todo un sector productivo y ahonda la crisis económica y social de la Comunidad Valenciana, a la que el PP ha llevado al furgón de cola de España.