La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), organismo del sindicato donde se encuentra ubicado el sector financiero, manifiesta –en un estudio que se adjunta a esta nota de prensa- que el cierre de más de 7.000 oficinas (en el período 2008-2013) supone que ahora hay en nuestro país 133 municipios que no tienen ninguna oficina de entidad de depósito y que esta situación supone la exclusión financiera de 226.340 personas.
Entendemos que la falta de acceso a los servicios financieros representa un serio obstáculo para la integración económica y social de cualquier ciudadano. Por tanto, la exclusión financiera se convierte en una causa de exclusión social.
Las comunidades autónomas que han sufrido los mayores recortes en el periodo 2008-13 han sido: Cataluña (24%), Galicia (20%), Comunidad Valenciana (18%), Murcia (17,3%) y Madrid (16,5%).
Para FeS-UGT el Gobierno tiene que garantizar un marco jurídico para obligar a las entidades financieras a que todas las personas puedan acceder a los servicios financieros básicos. También instamos al Ejecutivo, a la creación de una banca pública potente y eficaz que, además de facilitar y garantizar que el crédito fluya en nuestra economía -especialmente para las pymes y las familias-, facilite el acceso de todos los ciudadanos a los servicios financieros sin exclusiones selectivas.