La Agrupación de Periodistas de la UGT (AgP-UGT) considera imprescindible que las radios y televisiones autonómicas mantengan el carácter de empresas públicas y sirvan para que los ciudadanos de dichas comunidades tengan una información veraz, plural y democrática. La privatización, el cierre o la externalización de los servicios informativos de estas empresas audiovisuales públicas, como ha propuesto el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, podría conllevar la pérdida de 10.000 puestos de trabajo y también significaría una merma en la calidad democrática y en la pluralidad informativa de nuestro país.
Queremos mostrar nuestra especial preocupación y también nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Canal 9 y Radiotelevisión Madrid. Estimamos que hacer un ERE en la Radiotelevisión pública valenciana que afecte, como han publicado hoy diversos medios de comunicación, a 1.000 o 1.200 personas de una plantilla de 1.800 supondrá desmantelar esta cadena pública. Con respecto a Radiotelevisión Madrid las declaraciones realizadas, tanto por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid como por la Consejera de Presidencia, Ignacio González y Regina Plañiol -afirmando el primero que la intención del Gobierno de Madrid es privatizar Telemadrid y la segunda manifestando que en este momento no es prioritario mantener una esta empresa pública de comunicación- han provocado malestar e intranquilidad en la plantilla del ente público, que ve peligrar sus puestos de trabajo y la propia viabilidad de la empresa.
Desde la AgP-UGT retiramos nuestro llamamiento a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas para que mantengan el carácter público de sus radios y televisiones con plantillas de trabajadores fijos que hagan producción propia, sin externalizar los servicios informativos, que estén bien gestionadas económicamente y que estén al servicio de los ciudadanos de su comunidad y no a intereses políticos concretos como, por desgracia, ocurre en alguna de ellas. Los Gobiernos autonómicos que encomiendan a terceros la gestión que les ha otorgado la ciudadanía muestran su incapacidad de realizar una buena gestión directa de los servicios públicos audiovisuales.